Sánchez permitirá excarcelar a etarras: «Tras el traslado competencial el control es de los tribunales»

Mientras la sociedad española aún no ha terminado de digerir el indulto a los golpistas catalanes, Pedro Sánchez prepara ya, de facto, un segundo indulto no formal: la excarcelación de los presos etarras tras haberlos acercado a las prisiones de esta comunidad. El traslado de las competencias penitenciarias ya se ha realizado al Gobierno vasco. Y ahora el Gobierno socialcomunista confirma al PP por escrito que no habrá ningún control adicional, ni supervisión sobre el uso de esa competencia: “La interpretación de la ley en parámetros de constitucionalidad, está encomendada al Tribunal Constitucional, mientras que en parámetros ordinarios, esta recae en jueces y tribunales”. Sánchez no instará a ningún tipo de control adicional cuando el Gobierno vasco empiece a excarcelar a etarras.

La respuesta por escrito ha sido trasladada al Grupo Parlamentario Popular. La postura del Gobierno es de un completo lavado de manos tras el traspaso de la competencia en materia de Prisiones al Gobierno de PNV y PSE. La contestación del Gobierno es clara: “Respecto del traslado de competencias, se recuerda que la transferencia la competencia del País Vasco está contemplada en el Estatuto Autonómico desde 1979; lo que ha hecho el Gobierno es dar cumplimiento a lo establecido en el ordenamiento jurídico”. Además, «es importante recordar que el ejercicio de la competencia se ciñe a lo que se determine en la legislación general penitenciaria, como así determina de manera expresa el Estatuto de Autonomía Vasco».

Por eso, el Gobierno considera que «lo que se está transfiriendo no es la política penitenciaria, sino la gestión de la misma». Pero a la pregunta clave de los ‘populares’ sobre los controles fijados por el Gobierno para prevenir un abuso de esa competencia con el objetivo de excarcelar masivamente a los presos etarras, la respuesta es firme: no hay ningún control adicional.

«En relación con la inquietud en torno a la interpretación de la legislación, es importante recordar que España, al constituirse en un Estado de Derecho tiene garantizada la separación de poderes, en la cual la interpretación de la ley en parámetros de constitucionalidad, está encomendada al Tribunal Constitucional, mientras que en parámetros ordinarios, ésta recae en jueces y tribunales».  Traducido: a partir del traspaso de la competencia, el control será únicamente de los tribunales. El Gobierno se lava las manos.

La respuesta del Gobierno va a más y señala, en plena concesión de un indulto a los golpistas del 1-O, que, “por lo tanto, que se cumpla con lo establecido en lo que llamamos bloque de constitucionalidad, no supone ningún menoscabo para ninguna persona y desde luego, el conjunto de la sociedad contará con todas las garantías que existen en un estado de derecho”.

Transferencia de competencias

El Gobierno de Pedro Sánchez tenía pactada la transferencia de competencias en Prisiones al País Vasco desde hacía tiempo, aunque se firmó el pasado 16 de abril y se materializó el 10 de mayo para eludir la campaña electoral del 4M en Madrid. El Ejecutivo socialista, por lo tanto, ya ha dado luz verde a la transferencia, dejando así el futuro de un millar de presos en manos del Gobierno de Iñigo Urkullu. Y entre ellos, la lista de 30 etarras que ya cumplen condena en las tres prisiones vascas. Las asociaciones de víctimas tienen claro que este paso se traducirá en beneficios y privilegios carcelarios, tal y como ocurrió en Cataluña con los presos golpistas del 1-O.

Presos del ‘procés’

La Generalitat catalana, de hecho, concedió el pasado mes de enero el tercer grado y abrió las celdas de los presos Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Jordi Cuixart y Raül Romeva. Durante dos meses, esa consideración penitenciaria les permitió acudir a la prisión de Lledoners únicamente a dormir de lunes a jueves. Hasta que el pasado mes de marzo el juez de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña revocó ese tercer grado.

La Generalitat pudo concederles esos beneficios en base a las competencias de Prisiones que tiene transferidas. Era, hasta ahora, la única comunidad autónoma que tenía el control sobre las prisiones -y los presos- en su territorio. Desde el 10 de mayo se ha sumado también el País Vasco.

De esa forma, el País Vasco asume el futuro penitenciario del aproximadamente un millar de presos que hay en estos momentos en las tres cárceles de la región: Martutene (Guipúzcoa), Basauri (Vizcaya) y Zaballa (Álava). Y entre esos presos, hay una treintena de miembros de ETA con delitos de sangre.

Ninguno en primer grado

Entre esa treintena de presos ya no hay ninguno que se encuentre en primer grado. Todos se encuentran entre el segundo y el tercer grado, lo que les abre la puerta a permisos de salida o a recibir un régimen suavizado que les permita acudir a la cárcel sólo a dormir, tal y como ha ocurrido en Cataluña.

Las asociaciones de víctimas de ETA vienen advirtiendo desde hace tiempo de que esta transferencia puede abrir la puerta a que los terroristas que cumplen condena en el País Vasco reciban un trato de favor o, directamente, salgan a la calle sin cumplir la totalidad de las penas. Al no estar ya bajo control del Gobierno nacional, su destino queda en manos del Ejecutivo de Urkullu y de posibles pactos políticos con EH Bildu.